AVANCES TECNOLÓGICOS A DISPOSICIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y SU REPERCUSIÓN EN LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA

Resumo

Consecuencia de los efectos sociales causados por la covid-19, a finales de 2020 se presentó en España el Plan Justicia 2030, convirtiendo la pandemia en el acelerador principal del proceso de evolución de la justicia. El plan supone el reconocimiento de un nuevo paradigma de justicia promoviendo la transformación digital del modelo de administración de justicia existente y la incorporación de la inteligencia artificial aplicada a la justicia y orientada al dato. Por lo tanto, el objeto de esta investigación versa sobre si los objetivos marcados de eficiencia, accesibilidad y transparencia del servicio público de justicia se están cumpliendo con las herramientas puestas a disposición de los integrantes de la Administración de Justicia. La investigación tiene su justificación y busca entre sus objetivos demostrar si las herramientas hasta ahora implantadas son útiles o no, puesto que, de ser así, sería necesario un nuevo replanteamiento de la materia para lograr que la pretendida eficiencia y accesibilidad de la justicia repercuta eficazmente en los ciudadanos como titulares del derecho a la tutela judicial efectiva. La investigación parte de la búsqueda de las herramientas que ya están operativas, y a disposición de la Administración de Justicia, para posteriormente examinarlas. Se pretende estudiar, no solo su valor real, sino también los riesgos significativos sobre los derechos fundamentales que puedan derivarse del uso de sistemas de inteligencia artificial y los mecanismos que, el Estado o las Comunidades Autónomas con competencias transferidas, están poniendo en marcha para llevar a cabo el estudio de las consecuencias de la aplicación de la inteligencia artificial en la justicia. Para concluir señalar que, parece todavía arriesgado extrapolar todos los beneficios de la transformación digital sobre todas las parcelas que conforman la administración de justicia. Todavía estamos en los cimientos, por eso querer aplicar la inteligencia artificial, con carácter general, a todos los sectores sin exclusión ofrece también enormes riesgos. En esta carrera hacia una digitalización total de la actividad humana hemos obviado algunos elementos imprescindibles que residen en la idea inicial que propició la apuesta por las nuevas tecnologías: delimitación concreta de uso, ventajas u objetivos a conseguir. La urgencia del despliegue tecnológico en la sociedad no debe conllevar obviar la valoración de los riesgos que el empleo masivo de datos en un sistema de red implica. Y ello porque la inteligencia artificial aplicada al sector justicia lleva a plantearse cuestiones como el control de la fiabilidad, el respeto a las garantías procesales, la garantía de imparcialidad e independencia judicial, el control humano de las decisiones automatizadas, las consecuencias de los errores en la aplicación de la inteligencia artificial o la transparencia, cuestiones todas ellas que irán obteniendo respuesta a medida que se avance en la digitalización de la justicia.