RECLUTAMIENTO FORZADO DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES EN MICHOCÁN

UNA NECESIDAD LEGISLATIVA

Resumo

Dentro del Marco de los Derechos para los niños, niñas y adolescentes, existe una laguna, a todas luces, preocupante para la sociedad y la niñez mexicana, el reclutamiento forzado de estos por parte del crimen organizado. Los factores que inciden en este tipo de prácticas son diversos, individual, familiar, comunitario, contextual, marginación, pobreza, desigualdad, migración forzada, entre  otros. Sin embargo, la aquiescencia o complicidad por parte del Estado es, quizá, el más preocupante de ellos, ya que disemina la línea entre autoridad y delincuencia. Según datos de la Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, en este país, que cuenta con 31 estados y la Ciudad de México, 18 entidades son proclives al reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos delincuenciales; en dichas entidades operan mas de 50 carteles delictivos de alta peligrosidad. Dentro de las actividades realizadas por los niños, niñas y adolescentes reclutados, se encuentran desde las más básicas como mensajero, hasta, la cima de la pirámide delincuencial, el sicariato. La problemática radica en cómo juzgar a los individuos sujetos a estos delitos, ya que resulta compleja la contradicción de juzgar a estos niños, niñas y adolescentes por un delito al que fueron obligados a cometer y cómo podríamos diferenciarlos dentro de la normativa, respecto de aquellos que lo hicieron por "convicción". Bajo esta línea de pensamiento, el objetivo del trabajo es exponer, desde una perspectiva cualitativa, la necesidad de legislar en materia de reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, de manera específica en el Estado de Michoacán, dada la grave incidencia de la problemática y el estado de violencia que se vive en la entidad pues, la simbiosis entre la omisión por parte del estado y la indiferencia de la sociedad, han resultado en la necesidad de nuevas medidas y reformas a las leyes existentes, para subsanar al menos de manera jurídica el perjuicio que se ha ocasionado en nuestros niños, niñas y adolescentes.