EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL COMO GARANTE DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES ANTE LOS AVANCES DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Resumo

En los últimos años, la inteligencia artificial (IA) ha generado transformaciones notables en diferentes aspectos de la sociedad, no solamente respecto a la economía o los servicios públicos sino también en la forma en que se ejercen y garantizan los derechos fundamentales de los ciudadanos. En este sentido, el Tribunal Constitucional español, máximo intérprete de la Constitución —la cual recoge en su Título I los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos—, ocupa un lugar central en la garantía de los derechos constitucionales en el caso de que se pudieran producir abusos en el ejercicio de poder mediante la adopción de tecnologías automatizadas. En este artículo se investigan los derechos potencialmente en juego como son la igualdad, el derecho a la intimidad, a la protección de los datos de carácter personal y el derecho a la tutela judicial efectiva a raíz de la implantación de sistemas de inteligencia artificial en el ámbito público. Aunque la inteligencia artificial puede contribuir a incrementar la eficiencia de los procedimientos administrativos y mejorar la gestión de los recursos, también puede suponer riesgos importantes como la posibilidad de discriminación derivada de sesgos en los datos, la opacidad de los algoritmos y la toma de decisiones automatizadas sin supervisión humana o mecanismos de control institucional adecuados. Basado en el análisis de documentos constitucionales, jurisprudencia internacional y doctrina actual sobre cómo afecta la tecnología a los derechos fundamentales, se plantea una función esencial que debería tener el Tribunal Constitucional: velar porque la evolución tecnológica no supere los márgenes de lo dispuesto en la Constitución. El Tribunal Constitucional no ha tenido hasta ahora un gran número de casos relacionados con la inteligencia artificial, pero sí tendrá un papel fundamental a la hora de vigilar la utilización de estas herramientas desde una perspectiva jurídica, ética y democrática. En definitiva, la Constitución española conserva por completo su eficacia en la época digital, y el Tribunal Constitucional debe adaptarse a los nuevos retos que presenta la tecnología para continuar desempeñando su papel de garante efectivo de los derechos fundamentales, colaborando en la consecución de un equilibrio entre innovación y respeto de los principios constitucionales.