LA GOBERNANZA AMBIENTAL A PARTIR DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR PARA RECONOCER PERSONALIDAD JURÍDICA AL MAR MENOR Y SU CUENCA
DOI:
https://doi.org/10.29327/1163602.7-214Keywords:
Derechos de la Naturaleza, Gobernanza, Convenio de Aarhus, Derechos Humanos y Medio Ambiente, Mar MenorAbstract
La presente comunicación supone una investigación con metodología jurídica que parte del análisis de la aplicación del Derecho Ambiental en la protección y conservación del Mar Menor y su entorno, así como de su fracaso ante las conductas jurídico-políticas que han desactivado dicha protección y limitado la participación ciudadana. La reflexión a la que conduce la investigación propuesta se centra en los aspectos derivados de la posibilidad del ejercicio de los derechos de acceso para la realización del derecho humano al medio ambiente sano y los derechos humanos asociados, pero también para el ejercicio de la representación y gobernanza de los Derechos de la Naturaleza. Todo ello referido al texto legal de inminente aprobación y que ha sido consecuencia de la Iniciativa Legislativa Popular sustentada por un movimiento social que ha propuesto reconocer personalidad jurídica al Mar Menor y su cuenca. Además de la aportación, desde un nuevo modelo de Justicia Ecológica, de un necesario cambio jurídico al paradigma ecocéntrico y que se proyectará al modelo social, económico y político de relación con la Naturaleza y, en este caso concreto, con el Mar Menor, la Iniciativa Legislativa Popular hace gala de un componente participativo de una intensidad inusitada. Por un lado, el proceso de recogida y entrega de firmas ante la Junta Electoral Central, con carácter previo a su tramitación parlamentaria como proyecto de Ley, ha sido un ejemplo de trasformadora participación democrática. Pero ese sustento participativo de la Iniciativa Legislativa Popular no sólo ha servido para impulsar el proyecto de Ley, sino que se convierte en la expresión de una demanda social de un mayor protagonismo en las decisiones que afecten a la laguna costera y su cuenca, y a su vez de una garantía de la respuesta ciudadana informada y consciente de un nuevo enfoque participativo para la defensa de los Derechos de la Naturaleza y la satisfacción de derechos humanos relacionados con el medio ambiente. Esa demanda se ve reflejada en una propuesta legislativa que además de reconocer personalidad jurídica y derechos a un ecosistema (capacidad jurídica), abre a la ciudadanía posibilidades para la representación de la laguna y la defensa de los derechos reconocidos. El modelo que se pretende instaurar, insistimos, no sólo quiere establecer una relación de igualdad y complementariedad con la Naturaleza, sino que establece un reto: el incremento de la participación ciudadana mediante mecanismos intensos de representación democrática – debe tenerse en cuenta que la laguna, para ejercer su capacidad obrar, necesita de una tutoría – y el fomento del acceso a la justicia para la defensa de los derechos otorgados al Mar Menor. De esta manera, la iniciativa legislativa se vincula con las obligaciones internacionales asumidas por el Estado español en el “Convenio de Aarhus” y supone un reto para plantear una nueva gobernanza que parta de los errores y deficiencias previas y las propuestas que se han venido realizando, que serán los resultados previstos de esta investigación.