EL IMPACTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EXTRACTIVOS Y ENERGÉTICOS EN EL DERECHO HUMANO A LA IDENTIDAD CULTURAL DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS. UN ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS Y EMPRESAS

RESULTADOS PROYECTO FONDECYT REGULAR Nº1210706 “PROYECTOS DE INVERSIÓN EN NUEVAS ENERGIAS RENOVABLES Y SUS EFECTOS SOBRE COMUNIDADES INDÍGENAS: ESTUDIO DE LA NIA Y SUS BRECHAS EN PERSPECTIVA DE JUSTICIA AMBIENTAL” ANID 2021-2025

Abstract

El mundo se encuentra en una transición energética acelerada hacia las energías renovables (ER), impulsada por agendas nacionales e internacionales que buscan mitigar los efectos del cambio climático y alcanzar un desarrollo sostenible. Si bien este cambio presenta un panorama esperanzador en términos de valores sociales y económicos, no podemos ignorar los potenciales impactos negativos y la alta conflictividad que estos proyectos pueden generar en las comunidades locales, particularmente indígenas. El modelo actual de generación energética, centralizado en grandes fuentes de generación, amplifica los efectos negativos en las comunidades indígenas, quienes, debido a su situación de vulnerabilidad y desigualdad, se encuentran en desventaja frente a los inversores y desarrolladores de proyectos. A pesar de los beneficios ambientales que las ER representan, no podemos ignorar las repercusiones en el tejido social, cultural y medioambiental de estas comunidades locales y particularmente indígenas al referirnos a sus intangibles culturales. Es fundamental reconocer el derecho humano a la identidad cultural de los pueblos indígenas (DHICPI), tal como lo ha establecido la Corte IDH. Este derecho comprende la libertad de vivir conforme a su cultura, espiritualidad y cosmovisión, incluyendo la conservación de su patrimonio tangible e intangible, su memoria histórica y su identidad presente. La Corte IDH ha vinculado el DHICPI con el derecho a la vida, al medio ambiente sano, al agua y a la consulta previa, entre otros. En este contexto, proponemos un nuevo método hermeneutico argumentativo denominado, "Constitucionalismo en Red". Este articula las fuentes internacionales, regionales y constitucionales para avanzar en estándares vinculantes de protección de los derechos fundamentales de estos grupos vulnerables. Las comunidades indígenas, al encontrarse en una situación de desventaja frente a los proyectos de inversión, requieren de mecanismos de protección efectivos. El "Constitucionalismo en Red" permite el desarrollo de estándares compartidos que van articulando una defensa conjunta de sus derechos. El Estado, por su parte, tiene la obligación de actuar diligentemente en favor de los pueblos indígenas y sus miembros, garantizando a través de medidas efectivas su modo de vida tradicional, conforme a su identidad cultural, estructura social, sistema económico, costumbres, creencias y tradiciones distintivas. Sin embargo, las comunidades indígenas, al no poseer la capacidad autónoma para sostener estrategias de defensa ni de negociación, soportan de forma desproporcionada todos los efectos de dichos proyectos. Nuestra investigación se centra en cómo exigir el cumplimiento de estándares vinculantes para la protección de las comunidades indígenas en el contexto de proyectos de ER, logrando una protección efectiva de sus intangibles culturales. Para ello, se analizará la jurisprudencia nacional de Chile, (ejemplarmente Brasil y Colombia), en relación con la aplicación de los estándares de derechos humanos en la protección de las comunidades indígenas. Resultados esperados; determinar cómo exigir el cumplimiento de estándares internacionales para la protección de comunidades indígenas y su DHICPI, armonizando la regulación ambiental nacional con instrumentos internacionales de derechos humanos y seguridad jurídica para inversores. Es fundamental la colaboración entre empresas, Estados, comunidades indígenas y sociedad civil para un desarrollo energético sostenible y respetuoso de los derechos humanos.