LA MIGRACION REGULAR COMO OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE PARA LAS POLÍTICAS MIGRATORIAS DE ESPAÑA

Abstract

La Agenda 2030, con sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), reconoce la migración como un tema transversal y fundamental para el desarrollo inclusivo. Entre sus metas se encuentra facilitar la migración ordenada, segura y regular. En el año 2023, España fue el quinto país de la OCDE que recibió más inmigrantes legales, según el último informe publicado de la organización, Perspectiva de las migraciones internacionales 2024. La cifra se sitúa en la llegada regular de 364.100 migrantes. Superándonos sólo Canadá, con 471.000 migrantes; Alemania, con 692.700 migrantes; Reino Unido, 746.900 migrantes y Estados Unidos, con 1,1 millones. Si bien, a finales de agosto de 2024 el Ministerio del Interior registró la llegada irregular por vía marítima y terrestre de 35.456 inmigrantes irregulares. El objetivo de la investigación consiste en determinar si las políticas migratorias de España y la normativa nacional de extranjería fomentan la inclusión de la migración regular y si luchan por paliar la migración irregular con la vulneración a los derechos humanos de las personas extranjeras que ello produce. Se hace necesario analizar esta situación en aras del incremento de los flujos migratorios producidos por la Globalización y en el contexto de determinar si el contenido del  Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (RLOEX), que deroga con efectos desde el 20 de mayo de 2025, el Reglamento aprobado por el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, así como las Instrucciones sobre su interpretación y criterios aplicables que dicta la Secretaría de Estado de Migraciones vulneran los Derechos Humanos de las personas extranjeras en España. El principal objetivo es cuestionar si la irregularidad administrativa a la que quedan sometidas las personas extranjeras que pretenden regularizar su situación a través de la figura del arraigo, a excepción del familiar que no requiere de una permanencia mínima en España vulnera la migración regular como objetivo de desarrollo sostenible, entendiendo que se vulnera el Derecho Humano a la libertad que consagra la Declaración Universal de los Derechos Humanos o el Derecho Humano a un trabajo digno, en aras a que en tal situación de irregularidad las personas extranjeras acceden a trabajos precarios fomentando así la economía “sumergida”. Dicho objetivo se interpreta de la propia normativa nacional que regula las autorizaciones de residencia y trabajo que pueden obtener las personas extranjeras tanto desde España como una vez se entre y permanezca en España de forma irregular, entre ellas, Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.