AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN ESPAÑA

IMPACTO EN LOS DERECHOS HUMANOS GARANTIAS PROCESALE

Resumo

La automatización de procesos y la implementación de inteligencia artificial (IA) en la administración de justicia en España representa un avance tecnológico significativo con el potencial de mejorar la eficiencia y accesibilidad al sistema judicial. Sin embargo, esta transformación también suscita preocupaciones sustanciales relativas al impacto sobre los derechos humanos, las cuales deben ser cuidadosamente evaluadas y gestionadas. Desde una perspectiva de eficiencia, la introducción de la IA puede contribuir a la reducción de los tiempos de tramitación de los casos y a la disminución de la carga de trabajo del personal judicial. Herramientas como el análisis predictivo y los sistemas de gestión de documentos basados en IA pueden automatizar tareas rutinarias y repetitivas, permitiendo así que los jueces se concentren en los aspectos más sustanciales y complejos de los casos. Adicionalmente, la IA puede facilitar un acceso más ágil a la información jurídica relevante, mejorando la calidad de las decisiones judiciales. No obstante, el empleo de tecnologías de IA en el ámbito judicial plantea cuestiones críticas relacionadas con la protección de los derechos humanos. Una de las principales preocupaciones es la transparencia y la explicabilidad de las decisiones generadas mediante algoritmos. Es esencial para garantizar el derecho a un juicio justo y a la tutela judicial efectiva. El derecho a la privacidad también se ve desafiado por el uso intensivo de sistemas automatizados en la justicia. La gestión y análisis de grandes volúmenes de datos personales por sistemas de IA deben cumplir con normativas estrictas de protección de datos, como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea, para evitar violaciones de privacidad y garantizar la seguridad de la información. Además, existe el riesgo de sesgo algorítmico, que puede derivar en discriminaciones inadvertidas en decisiones judiciales. Estos algoritmos, si no son adecuadamente supervisados y ajustados, pueden perpetuar o incluso exacerbar desigualdades existentes basadas en datos históricos sesgados. Para mitigar estos riesgos, es crucial establecer mecanismos robustos de supervisión y revisión de las tecnologías de IA utilizadas en la administración de justicia. Esto incluye la realización de auditorías periódicas, la implementación de sistemas de revisión por pares entre expertos y la creación de marcos regulatorios específicos. Está en nuestras manos, y es nuestra responsabilidad para el futuro, asegurar que la implementación de estas tecnologías en la administración de justicia respete las garantías procesales y los Derechos Humanos, por eso resulta fundamental su discusión en foros como el presente Congreso Internacional de Derechos Humanos de Coimbra.