ACOSO POLÍTICO CONTRA MUJERES AYMARAS EN EL ALTIPLANO BOLIVIANO
TENSIONES ENTRE JUSTICIA INDÍGENA Y DERECHOS HUMANOS DESDE UNA MIRADA WARMI ANTICOLONIAL
Palavras-chave:
MUJERES AYMARAS, ACOSO POLÍTICO, JUSTICIA INDÍGENA, ; PENSAMIENTO ANTICOLONIAL, DERECHOS HUMANOSResumo
Este trabajo analiza el acoso y la persecución que enfrentan las mujeres aymaras cuando asumen cargos políticos, comunales y/o sindicales en el Altiplano boliviano. Como antecedente se menciona el asesinato de mujer indígena aymara Juana Quispe (Ancoraimes, 2012), episodio que impulsó la Ley 348 contra el acoso y la violencia política; sin embargo, el objeto de la investigación es indagar la persistencia de hostigamientos posteriores en distintos ayllus—entre ellos Calamarca (provincia Aroma) y Zongo (departamento de La Paz)—que ponen de relieve la tensión entre la autodeterminación jurídica indígena y los derechos políticos de las mujeres aymaras en sus propios espacios de autoridad. La relevancia radica en demostrar que, pese al pluralismo jurídico consagrado en la Constitución de 2009, ciertos mecanismos comunales reproducen violencias de género cobijadas por un “patriarcado de baja intensidad” (Segato), contraviniendo los estándares interamericanos de derechos humanos. Desde una perspectiva indianista-katarista y anticolonial, el análisis politiza lo doméstico mediante el concepto de warmi—mujer, en aymara—para proyectar la politicidad warmi como horizonte de emancipación colectiva. Los objetivos son: (i) describir las modalidades de acoso—expulsiones, bloqueo de mandatos, difamación y amenazas—dirigidas contra lideresas aymaras; (ii) identificar los repertorios legales internos y externos que ellas activan para salvaguardar su permanencia y participación; (iii) dialogar estos hallazgos con la crítica de Hilda Reinaga a la colonialidad del poder y con los “universalismos situados” de Castro-Gómez. La metodología adopta un enfoque cualitativo-inductivo: estudio comparativo de casos basado en el examen de actas comunales, resoluciones estatales y jurisprudencia interamericana, complementado por la sistematización de un corpus etnográfico construido por la autora durante más de una década en la región. La hipótesis sostiene que la justicia indígena, al operar en un pluralismo subordinado, legitima dispositivos patriarcales que restringen los derechos políticos femeninos; no obstante, la articulación de normas comunitarias con marcos constitucionales e interamericanos abre grietas en ese orden. Los resultados preliminares muestran la creación de vías internas de apelación, una mayor visibilización internacional del acoso político y el fortalecimiento de la politicidad warmi, habilitando a las mujeres aymaras a disputar el poder comunal sin riesgo de represalias.