EL ENDURECIMIENTO DEL SOFT LAW COMO ALTERNATIVA PARA REGULAR LA RELACIÓN EMPRESAS-DERECHOS HUMANOS

Abstract

Con el desarrollo de la globalización y la proliferación de empresas transnacionales a comienzos de los años setenta, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se vio obligada a dirigir su atención a las  violaciones de derechos humanos causadas por esas empresas, especialmente interesadas en actuar en los países en desarrollo o también denominados periféricos, en los que pueden tener acceso a una vasta mano de obra necesitada y desesperada por empleo, una legislación laboral frágil y un sistema fiscal atractivo. De hecho, esos países, verdaderos paraísos abiertos al lucro, reúnen todas las condiciones que buscan los empresarios para reducir los costos de su producción, muchas veces con directas y perjudiciales consecuencias en lo que se refiere al respeto de los derechos humanos. Hace años, la ONU viene intentando regular esa actividad empresarial, sea de una forma más abierta, como la creación de la plataforma del Pacto Global (PG-ONU) en 1999, sea de una forma más cerrada, como la aprobación de documentos de soft law, como los denominados Principios Ruggie de 2011, sin real éxito. Inclusive, un tratado viene siendo elaborado por la ONU (fueron ya aprobados tres drafts), aunque aún sin mayores perspectivas a corto plazo. En ese contexto, el objetivo del presente trabajo es demonstrar la importancia del endurecimiento del soft law, como alternativa que puede viabilizar la regulación de la relación empresas y derechos humanos, por lo menos hasta que ese tratado u otros documentos de hard law sean aprobados. Con ese fin, fue realizada una investigación bibliográfica en la doctrina nacional y comparada, así como una investigación documental en la legislación y la jurisprudencia internacional, recurriéndose al método dialéctico-deductivo de análisis. Con base en esa investigación, se optó por escoger los parámetros de endurecimiento del soft law propuestos por el jurista portugués Paulo Sergio Pinto de Albuquerque, considerando su clareza y viabilidad práctica. Haciendo uso de esos parámetros, ya utilizados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, documentos como los Principios Ruggie pueden pasar a ser entendidos como siendo de hard law y, consecuentemente, aplicados por las cortes internacionales y nacionales, contribuyendo, así, con una mayor protección de los derechos humanos, especialmente en los países cuya fragilidad geopolítica coloca sus ciudadanos en clara situación de vulnerabilidad.