EL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES EN MÉXICO

UNA REVISIÓN AL MODELO GARANTISTA MEXICANO

Abstract

En México, la adopción del modelo garantista en el tratamiento de niñas, niños y adolescentes en conflicto con la ley penal, se concretó con la reforma al artículo 18 constitucional, en 2005. A quince años de esta reforma que posibilitó el cambio de paradigma, la autora consideró necesario realizar un análisis cualitativo del sistema integral de justicia penal para adolescentes en México, que tuviera como fin identificar aquellos vestigios del modelo tutelar u obstáculos de carácter general, que dificultan la plena realización del garantismo en dicho país y, en consecuencia, entorpecen la materialización del sistema integral establecido en la Constitución, con base en los principios y postulados de la Convención sobre los Derechos del Niño. El desarrollo de este trabajo de investigación, que incorpora además una revisión al aspecto práctico del sistema a través del análisis del caso de un adolescente acusado de violación, permite reconocer aquellos aspectos en los que México no aplica de manera óptima el enfoque garantista, así como apelar por la construcción de un sistema dogmáticamente integral que facilite la atención efectiva de las niñas, niños y adolescentes, en aquellos casos en que han sido señalados como responsables de la comisión de un hecho delictivo. Los resultados de la investigación que ahora se presenta, obtenidos a partir de la revisión de conceptos como Estado constitucional de derecho, política pública o garantismo, entre otros; del análisis de sucesos trascendentales como la creación de los Tribunales de Illinois; de la referencia de casos arquetípicos como In re Gault y Kent v. United States; del estudio de los distintos modelos de tratamiento de niñez y adolescencia en materia penal; así como del examen de la normativa nacional e internacional en torno al tema; conceden reconocer avances en la afirmación de la niñez y adolescencia como sujetos de derecho provistos de mayores garantías, especialmente las de naturaleza procesal, y el interés de las instituciones por asegurar aspectos como la reparación de las víctimas. No obstante, también evidencian la prevalencia de un enfoque punitivo sancionador, que se superpone al carácter socioeducativo que exige el sistema y se agrava por la visión adultocéntrica de los operadores y una falta de especialización objetiva, permitiendo concluir que la adopción del modelo garantista en México, en materia de justicia para niñas, niños y adolescentes, permanece inconclusa.